PRIMER MÓDULO: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El derecho y la participación ciudadana
CONFERENCIA INTRODUCTORIA
CONFERENCIA INTRODUCTORIA
El derecho y la participación ciudadana
Dr. Rafael González Ballar
Abogado costarricense
El fenómeno jurídico, como lo manifestamos antes,
está compuesto del nivel normativo, el valorativo y el fáctico
(la realidad, lo sociológico). Es por ello que cualquier
instrumento jurídico, para lograr fomentar la participación
ciudadana, debe tener claro y recoger: los valores y la realidad
social que impera en cada país.
Debemos estar conscientes que el aspecto valorativo, dentro de
cualquier análisis jurídico, es importante para tomarle
el pulso a los cambios que en el ámbito de los valores se
empiezan gestar en el ámbito internacional y nacional y para
los cuales la realidad normativa no puede ser ajena.
Lo valorativo
Los valores en el derecho pueden algunos de ellos considerarse
como intangibles (la justicia, la seguridad, etc.) pero algunos
otros se potencian dependiendo de los factores sociales a los
que el fenómeno jurídico quiera dirigirse. Como
manifestamos antes, la práctica social de los últimos años,
nos ha enseñado que la discriminación de grupos (nuestros
indígenas, los negros) la integración igualitaria
de la mujer con el hombre, el trabajo de agrupaciones que trabajan
por la defensa de los derechos humanos, han logrado en forma unida
y organizada, bajo principios de solidaridad, tolerancia, respeto
al disentimiento, igualdad en la participación, enfrentar
los obstáculos que el sistema organizativo posee y que el
poder político, en muchos países, se niega a permitir
el acceso de la participación de la sociedad civil.
Al analizar los textos con recomendaciones recientes de la ONU,
y las cumbres más importantes de los últimos años,
notamos que contienen una serie de valores que se quieren potenciar
en las políticas de los Estados y en la visión y
educación de nuestras sociedades. Todo lo anterior al menos
en el plano formal de lo que reflejan los textos.
Analizadas aproximadamente 11 cumbres realizadas en el ámbito
internacional descubrimos que en la mayoría de ellas de
una forma directa o indirecta se nos dan las pautas para comprender
una nueva gama de valores en la materia.
Las anteriores cumbres, unas más que otras, se hicieron eco
de lo que ya la ONU venía reiterando hace bastante tiempo
en ese marco de acción a saber :
"... El desarrollo debería centrase en los seres humanos. Debido a que el bienestar de un individuo es polifacético, es imprescindible contar con un enfoque multidimensional del desarrollo. En consecuencia, toda formulación de estrategias y acciones nacionales, regionales e internacionales ha de basarse en un enfoque integrado e integral.
Entre las metas fundamentales del desarrollo figuran la erradicación de la pobreza, la satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas y la protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre ellos el derecho al desarrollo. El desarrollo requiere que los Gobiernos apliquen activamente políticas sociales y ambientales y promuevan y protejan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, sobre la base de instituciones democráticas en las que haya una amplia participación.
Para lograr el desarrollo social en mejores condiciones, los Gobiernos deberán promover activamente la potenciación de la gente y su participación en un sistema democrático y pluralista, respetuoso de todos los derechos humanos...". 1
Dentro de ese espíritu, todas las conferencias destacaron
la necesidad de recurrir al apoyo de otros sectores de la sociedad.
En particular, las organizaciones no gubernamentales, las entidades
del sector privado, las entidades académicas y los medios
de difusión a fin de llevar a la práctica eficazmente
sus planes de acción.
"...cualquier instrumento jurídico, para lograr fomentar la participación ciudadana, debe tener claro y recoger los valores y la realidad social que impera en cada país".
Citaremos brevemente, el concepto de tal participación ciudadana
en algunas de las conferencias mundiales citadas, dando especial
énfasis, por los aportes destacados en tal campo en las
Conferencias de la Tierra y la de Desarrollo Social. El lector
podrá con facilidad captar toda la gama de nuevos valores
que se impulsan.
Cumbre Mundial Sobre la Tierra. Río de Janeiro, Brasil
1992
"...Uno de los requisitos fundamentales para alcanzar el desarrollo sostenible es la amplia participación de la opinión pública en la adopción de decisiones. Además, en el contexto más concreto del medio ambiente y el desarrollo, se ha hecho evidente la necesidad de emplear nuevas formas de participación. Se trata de la necesidad de que las personas, los grupos y las organizaciones participen en los procedimientos de evaluación del impacto ambiental, conozcan el mecanismo de adopción de decisiones y participen en él sobre todo cuando exista la posibilidad de que esas decisiones afecten a las comunidades donde viven y trabajan. Toda persona, grupo u organización debería tener acceso incluso a la información acerca de productos y actividades que tuvieran consecuencias importantes para el medio ambiente o buena probabilidades de que las tuvieran, así como la información sobre las medidas de protección del medio ambiente". 2
Es muy importante a mayor comprensión del presente capítulo
establecer desde ya que la cumbre en referencia, establece no
solo la concepción de Participación Popular, como
un concepto importante sino que establece los grupos que son precisos
que se incorporen participando activamente sus metas y fines,
estableciendo finalmente la necesidad de que dichos grupos cuenten
con el sector, profesional, científico y tecnológico,
así como la necesidad de educar para hacer efectiva dicha
participación. Aclaramos que hemos de tocar solamente la
participación ciudadana. En tal sentido, es así
como potencia la participación activa de los siguientes
grupos:
Los gobiernos han de prestar su plena cooperación a las
poblaciones indígenas y a sus comunidades, para lo cual
se les propone aplicar las siguientes medidas a fin de hacer efectiva
la participación de tal sector:
Cumbre para el Desarrollo Social. Dinamarca, 1995
"El primer gran compromiso consiste en crear un entorno económico, político, social, cultural y jurídico que permita el logro del desarrollo social."
En el segundo gran compromiso prevalece el imperativo ético,
social, político y económico de la humanidad, para
lograr el objetivo de erradicar la pobreza del mundo mediante
una acción nacional enérgica y la cooperación
internacional. En este punto se manifiesta expresamente la necesidad
de que exista "una cooperación en todos los miembros
de la sociedad civil y en el contexto de un enfoque multidimensional
e integrado". 3
Pero es indudablemente el cuarto compromiso el que resalta la
participación como el elemento descollante para el logro
de todos los otros compromisos. A continuación presentaré
un extracto de los aspectos más importantes de la participación
de los actores sociales y las interrelaciones para el logro de
los fines comunes. La integración social de las sociedades
estables, seguras y justas, deben basarse en la promoción
y protección de todos los derechos humanos, así como
en la no discriminación, la tolerancia, el respeto de la
diversidad, la igualdad de oportunidades, la solidaridad y la
participación de todas las personas, incluidos los grupos
y personas desfavorecidas y vulnerables.
Para el logro de este propósito se planteó el respeto
a la democracia, el imperio de la ley, el pluralismo y la diversidad,
la tolerancia y la responsabilidad, la no violencia y la solidaridad,
alentando a los sistemas educacionales, a los medios de comunicación,
y a las comunidades y organizaciones locales, mediante la conciencia
y la comprensión de todos los aspectos de la integración
social.
Asimismo, se planteó el acceso de todos a la educación,
la información, la tecnología y los conocimientos
especializados como medios indispensables para mejorar la comunicación
y aumentar la participación en la vida civil, política,
económica, social y cultural, y para lograr el respeto de
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales
y culturales. Se plantea como importante mejorar la capacidad
de las comunidades locales de los grupos con intereses comunes
para desarrollar sus propias organizaciones y recursos y para
proponer políticas de desarrollo social, incluso por medio
de actividades de organizaciones no gubernamentales.
Se fortalecerá las instituciones que promuevan integración
social, reconociendo el papel central de la familia y proporcionándole
un entorno que le asegure protección y apoyo. En los diferentes
sistemas culturales, políticos y sociales existen diversas
formas de familia.
La Cumbre misma es un reconocimiento a que los problemas sociales
exceden las posibilidades reales de los países para garantizar:
salud, seguridad y vida gratificante. No obstante lo anterior,
la Cumbre asigna a cada país la realización de las
distintas medidas y sus combinaciones, de manera tal que se logre
el desarrollo económico con el desarrollo social. Los gobiernos
deberán colaborar con las entidades de la sociedad civil
para el logro de los objetivos y metas, deberá fomentar la
participación del sector privado y de las organizaciones
de base comunitaria, previendo en las acciones prioritarias la
descentralización en la toma de decisiones.
Valores que encontramos en estas cumbres y que los instrumentos
jurídicos deben potenciar:
Estos valores nos permiten derivar una serie de principios necesarios
e importantes para incluirlos en cualquier instrumento jurídico.
Por ejemplo, en esto el proyecto colombiano de participación
incluye principios importantes: la democratización, la
autonomía, la transparencia, la responsabilidad, la eficacia.
Estos principios recogen los criterios valorativos guías
que la ley consideró necesario priorizar; así democratizar
garantizando el acceso de los ciudadanos y la organización
a la actividad del Estado y de esta forma iniciar la democratización
de las instituciones públicas. Todo lo anterior, sin detrimento
de la autonomía que deben guardar las organizaciones en
su administración y desarrollo propios. Asimismo de la igualdad
de la que deban gozar las organizaciones involucradas en su acceso
a la participación .
La eficacia implica que los órganos públicos deban adecuar
sus acciones hacia el mejoramiento de la gestión pública
con miras a la satisfacción de las necesidades públicas;
ambos dentro de un marco de responsabilidad en la respuesta de
las organizaciones y el Estado ente de la sociedad como un todo.
En este aspecto la ley boliviana no incluyó principios pues
no existe un artículo específico que los regule.
Sin embargo, en su artículo 1 cuando trata del objeto
de la ley derivamos el principio de eficacia y el principio de
la transparencia.
El proyecto de ley de Costa Rica propone algunos principios sobre
todo para el campo de la interpretación y mejor aplicación
general de la ley y de otras que pudieran venir a regular algún
aspecto específico. Por ejemplo se priorizó el de
que la participación debe ser significativa, informada,
continua, darse en todos los niveles, debe ser facilitada, reportada
con precisión, tener como finalidad la concertación
en la solución de los conflictos, garantizar la igualdad
de oportunidades con el respeto de los derechos frente a los
demás.
La Realidad Social (Realidades macrosociales y microsociales)
Debemos ahora analizar algunos aspectos de la realidad social,
es decir de los aspectos fácticos que cualquier instrumento
jurídico necesita tener presente para lograr en algo contribuir
a que el proceso de la participación se pueda dar. Es preciso,
que el instrumento jurídico trate de incidir en la realidad
para eliminar los obstáculos que dificultan la participación
o encontrar nuevos espacios o niveles que la permitan en la realidad
de cada país.
En la eliminación de obstáculos, es importante y necesario
analizar el papel del derecho desde dos puntos de vista importantes:
el replanteo del nuevo rol que el Estado debe jugar (transformaciones
macrosociales) y el de cuales nuevas técnicas o espacios
de participación (transformaciones microsociales) se deben
crear para facilitar el proceso.
El Derecho debe impulsar un nuevo rol del Estado
En lo que respecta al papel del Estado tenemos que recordar lo
que los organismos internacionales ya han debatido desde hace
tiempo. Es importante discutir ¿cuál es el papel
que necesitamos que cumpla el Estado a fines de siglo en nuestros
países en vías de desarrollo? Cualquiera que fuere
la respuesta lo que si debemos tener claro es que para efectos
de la participación ciudadana la nueva visión del
Estado es básica para poder obtener resultados óptimos
y el derecho un instrumento fundamental para lograrlo.
Los modelos de Estado que hasta el momento se han utilizado han
oscilado entre dos extremos: 1) la del Estado que planificaba
todo, el que a través de su maquinaria en forma centralizada
ejecutaba todos las operaciones y servicios necesarios. 2) La
del Estado mínimo, para esto las funciones del mismo deben
de ser mínimas.
En la primera visión, la maquinaria estatal y los resultados
demostraron sí serias ineficiencias, el carácter centralizado
llevó a la rigidez y a una separación de la realidad
y sus exigencias. En la segunda el Estado es un estorbo y sus
funciones deben ser mínimas para dejar la mayoría
de las cosas al desarrollo del mercado. Lo esencial para nuestra
exposición, es que ambas experiencias durante estas últimas
décadas, ha sido que ambos modelos han dejado una serie
de secuelas para el ciudadano, para la sociedad civil en general
pues ha generado un proceso de exclusion de grupos sin lograr
siquiera su mínima participación en la toma de decisiones
y en la satisfacción de necesidades básicas.
Las secuelas se terminan de agravar cuando el modelo del derrame
aparece sumado al modelo del Estado mínimo, y en la década
de los 80 se empieza a vender la idea de que los países
tenían que realizar sacrificios para obtener metas de carácter
macroeconómico. Para lograr equilibrios económicos
y financieros y todo esto llevaría necesariamente a un
progreso económico y los beneficios que terminarían
por derramarse sobre el conjunto de la población acabando
con los principales problemas de pobreza. Hoy, y por las estadísticas
que veremos, el final feliz nos demuestra que la realidad actual
de muchos de nuestros países, no responden a los supuestos
del modelo mencionado ni las políticas estatales generaron
los efectos deseados.
Según datos del Banco Mundial, 1.300 millones de habitantes del
planeta reciben un ingreso menor a un dólar por día,
hallándose por tanto en situación de pobreza aguda.
Dos quintas partes de la población mundial carecen de servicios
sanitarios adecuados y electricidad.
Entre 1965 y 1980, esa situación afectó a 200 millones
de pobres. Entre 1980 y 1993 a 1.000 millones; 800 millones de
personas no reciben suficientes alimentos, y cerca de 500 millones
tienen un estado de desnutrición crónico, 17 millones
de personas mueren cada año de infecciones y enfermedades
parasitarias curables como diarrea, malaria y tuberculosis.
El World Employment Report de la OIT señala que en 1995,
el 30% de toda la mano de obra del mundo se hallaba desempleada
o subempleada. Al mismo tiempo que altas tasas de desempleo,
hay un traslado continuo de personas hacia la llamada economía
informal. En América Latina por ejemplo, el empleo en
el sector informal representaba el 40,2% de la mano de obra ocupada
no agrícola en 1980. En 1995, había pasado a constituir
el 55,7% de dicha mano de obra. La tasa de desempleo abierta
de esa región se estimaba en 1996, en un 16,2%.
Según los datos de la OIT las mujeres están desproporcionadamente
representadas entre los pobres, los desempleados, y los subempleados.
Los niños son altamente vulnerables a los avances de la
pobreza. Una tercera parte de los niños de los países
en desarrollo se hallan malnutridos. La mortalidad infantil para
niños menores de 5 años es en ellos del 97 por mil,
casi seis veces mayor que la de los países desarrollados.
De acuerdo a los datos suministrados por UNICEF perecen por año
en América Latina y el Caribe 600.000 niños por
causas evitables. Forzados por las circunstancias son parte creciente
de la mano de obra en diversos países, en condiciones deplorables
de explotación.
El derecho debe convertirse en el instrumento que pueda ayudar,
no solo a eliminar los obstáculos que producen los anteriores
fenómenos, sino a legislar para lograr una visión
del Estado. Lo primero que han recomendado, los organismos internacionales,
es que el Estado tiene que ser facilitador y promotor de una conciliación
entre el desarrollo económico y el social. Es decir, tenemos
que lograr que lo jurídico sea el instrumento para lograr
una visión socioeconómica en todos los campos. Debemos
trabajar sobre sus estructuras organizacionales, y eficientizar
la gestión incorporando técnicas modernas de gerencia.
Es buscar desenvolver un esquema de cooperación entre los
principales actores sociales.
Hoy día se habla de promover un "Estado inteligente".
En palabras de Bernardo Kliksberg "Un estado inteligente
en lo social, no es un Estado mínimo, ni ausente, de acciones
puntuales de base asistencial, sino un Estado con una "política
de Estado" no de partidos en educación, salud, nutrición,
cultura, orientado hacia superar las gruesas iniquidades, capaz
de impulsar la concertación entre lo económico y lo
social, promotor de la sociedad civil, con un papel sinergizante
permanente. Esta vez no se trata de postular un modelo teorizante
más. Este tipo de reflexiones sobre el estado van surgiendo
con mucha fuerza de la experiencia histórica de las ultimas
décadas".
Lo que el derecho debe tratar de fomentar es un Estado altamente
eficiente en lo económico e igualitario en lo social.
Lógicamente, debe buscarse una relación estrecha entre
lo económico y lo social. La participación ciudadana
es una forma de lograr eliminar formas de exclusión de grupos
y de lograr una presencia más fuerte de la sociedad civil
y los operadores sociales para convertir a su vez al Estado en
uno altamente eficiente. La cuota de poder que debe trasladar
el Estado para lograrlo implica permitir la presencia para la
toma de decisiones en sectores como:
Los ejemplos de los proyectos de la ley colombiana y costarricense
y la ley boliviana nos demuestran como cada una en su realidad
hace un balance de la forma como se pretende el traslado de la
cuota de poder. Primero en los tres textos bajo el criterio de
fiscalización de entidades de gobierno y su actividad y
luego trasladando cuota de poder hacia los municipios para que
de una manera más directa se pueda participar en la toma
de decisiones. Lo anterior son pasos que se toman en la dirección
de ir democratizando el Estado y de tratar en la realidad de que
esto permita ir perfilándolo de una manera más igualitaria
con la intervención del proceso de participación ciudadana.
Debe quedar claro, que el derecho y la participación general
de la sociedad civil , tienen que tener como prioridad la transformación
del rol del Estado.
El derecho debe impulsar nuevas técnicas y espacios para
la participación
La sociedad civil es uno de los más grandes recursos de la
nación para ayudar a desarrollar e implementar proyectos,
políticas y reglamentaciones. El público, los ciudadanos,
y las organizaciones no gubernamentales (ONG), en conjunto con
el sector empresarial, son todos los miembros de la sociedad civil.
Individualmente, cada miembro de una sociedad civil agrega una
perspectiva única al proceso gubernamental de toma de decisiones.
El permitir que todos los miembros del público den a conocer sus
puntos de vista y hagan que éstos sean tomados en consideración
mejora la calidad de vida mediante la expansión de la base
de conocimientos para las decisiones. Adicionalmente, la participación
de la sociedad civil mejora la credibilidad, efectividad y responsabilidad
de la actuación del gobierno. Una sociedad con una participación
transparente, misma que incluye discusiones y escrutinio tanto
en el ámbito público como institucional. Este tipo de procesos
da como resultado una mejor implementación de los objetivos,
así como un apoyo fortalecido por parte del público para
la acción gubernamental.
Lo anterior se puede lograr cuando la ley facilite tener una sociedad
civil que sea consejera de las instituciones gubernamentales.
Igualmente cuando la tenemos como investigadora y defensora.
La ley debe tratar de variar la realidad existente en estos aspectos
y eliminar los obstáculos y lograr entre otras las siguientes
transformaciones:
Es claro, que tanto las comunidades, las organizaciones civiles
como las instituciones gubernamentales obtienen grandes beneficios
del involucramiento del público en el proceso gradual de hacerse
consciente de la toma de decisiones.
Primero, el gobierno tiene acceso al conocimiento directo e inmediato
con que deben contar los ciudadanos y empresarios respecto de
las condiciones para los cambios en sus respectivas comunidades
e industrias. Propiciar en el público a que comparta su conocimiento
con el Gobierno, fomenta la toma de decisiones gubernamentales
con base en una mejor información y disminuye la probabilidad
de errores en políticas y decisiones de gobierno.
Segundo, la aportación del público puede también
complementar los pocos recursos que tiene el gobierno para labores
de monitoreo, inspección y aplicación y cumplimiento,
por ende, le ahorra al gobierno dinero y tiempo. Los ciudadanos
pueden actuar como los "ojos y oídos" del
gobierno, identificando los riesgos y o violaciones de las leyes
aplicables.
Tercero, cuando el público tiene una oportunidad de participar
en las decisiones gubernamentales desde el principio, se disminuye
la oposición a acciones particulares por parte del gobierno,
y construye un consenso más amplio en programas. Finalmente,
una interacción significativa del público en una cuestión
puede fortalecer la posición de la dependencia gubernamental
responsable de la decisión con relación a otros intereses
que tenga el gobierno, el público puede ayudar a que el gobierno,
como unidad, no ignore las preocupaciones.
Los mecanismos de participación pública también pueden
brindar asistencia al sector empresarial en diferentes maneras.
Primero, la comunidad empresarial obtiene un proceso para ejercitar
su voz en las decisiones gubernamentales. Por ejemplo, los mecanismos
de participación pública ofrecen a la comunidad regulada
oportunidades para describir su propia perspectiva y proporcionar
formas únicas de información sobre la factibilidad tecnológica
y económica de reglamentos y estándares propuestos.
De esta manera, los esquemas regulatorios y planes de cumplimiento
pueden ser ajustados a metas y calendarios de implementación
más realistas.
Segundo, la participación social, puede ayudar a que los
miembros de la comunidad empresarial incrementen su conocimiento
de los impactos de sus propias operaciones sobre las comunidades
circundantes. Esto ayuda a la comunidad empresarial a hacer frente
a los problemas antes de que éstos se conviertan en emergencia.
En la planeación y ejecución de los proyectos, las
empresas no siempre estarán al tanto de las condiciones locales
que podrían afectar adversamente sus operaciones. El escuchar
a las comunidades circundantes proporciona la información
para planear y desarrollar proyectos que toman en consideración
las condiciones económicas y sociales locales. Algunos mecanismos
de participación pública requieren que los miembros de la
comunidad empresarial evalúen los efectos que sus actividades
tendrán sobre su realidad circundante. En el transcurso
de estas evaluaciones pueden descubrirse las ineficiencias en
los métodos de producción, en el uso de materia prima,
o en el consumo de energía, mismos que después pueden
corregir. La participación pública también incrementa
el entendimiento por parte de la comunidad empresarial de las
preocupaciones de los consumidores y ayuda a que aprenda a comercializar
sus productos de manera más efectiva.
Un gobierno se verá mayormente beneficiado del involucramiento
del público en los procesos de decisión si su propio sistema
de gobierno está construido con base en principios democráticos.
La libre elección de autoridades, el sano equilibrio entre
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y las garantías
de los derechos humanos, sociales y ambientales, son todos precondicionantes
para una participación cívica efectiva. La participación
pública contribuye a que exista una mayor responsabilidad gubernamental
mediante el fenómeno de un proceso de toma de decisiones
más transparente, en el cual los funcionarios gubernamentales
escuchan una amplia gama de perspectivas de los diversos sectores
sociales.
La participación pública en el proceso de decisión
ayuda a construir una sociedad civil efectiva y democrática.
Los mecanismos de participación pública promueven los derechos
civiles para individuos y grupos mediante el fomento del acceso
a la información, libertad de expresión y la posibilidad
de organizarse. Esto, a su vez, faculta a los ciudadanos y les
da la posibilidad de tomar parte en el discurso público y tener
un efecto positivo sobre las actividades realizadas por su gobierno.
La posibilidad de organizarse resulta muy importante para una
participación efectiva de los individuos. Los ciudadanos
pueden afectar de manera duradera y sustancial su desarrollo
como personas si pueden organizarse como asociaciones y otros
grupos no lucrativos o como organizaciones no gubernamentales
(ONG). Dichos grupos representan la perspectiva de intereses
públicos específicos en el debate público. Como organizaciones
con una base financiera y profesional, pueden, más que los
particulares, desarrollar un conocimiento pericial sobre cuestiones
específicas y participar de manera más efectiva en
el proceso de toma de decisiones. La independencia del gobierno
y de otros sectores lucrativos de la sociedad es uno de los mayores
atributos de las ONG. Además de su independencia, las ONG
cuentan con una pericia diversa y bien establecida en ramas necesarias
para implementar un desarrollo sostenible seguro y socialmente
responsable.
Sin embargo, para que las ONG funcionen efectivamente requieren
un medio institucional y financiero que estimule se desarrollo.
La organización de individuos como ONG requiere apoyo político
y regímenes legales adecuados que fomenten la creación
de estas y su involucramiento productivo en la sociedad civil.
El gobierno puede apoyar la creación e involucramiento
de ONG mediante regímenes fiscales y programas especiales
de subvenciones que estimulen una base financiera firme. Los
gobiernos pueden desarrollar leyes que otorgan a las ONG el derecho
a tomar acción legal para proteger el interés público.
Para contribuir efectivamente al proceso de protección el
público necesita acceso a la información sobre decisiones
propuestas, el proceso de toma de decisiones, los posibles efectos
de las actividades realizadas y hacer cumplir el sistema de protección.
El acceso a la información permite a los miembros del público
hacer sus contribuciones de la manera más útil y precisa
posible. El acceso a la información es también una
salvaguarda necesaria para asegurar la responsabilidad pública.
Los miembros del público necesitan saber lo que se encuentra
haciendo su gobierno a fin de hacer responsables a las instituciones
gubernamentales de sus acciones.
El grado de desarrollo de los regímenes legales para el
acceso de la información que tiene el gobierno varía
de país a país. En muchos países, las constituciones
y leyes recientemente reformadas, otorgan al ciudadano el derecho
de tener acceso a la información, pero omiten proporcionar
mecanismos de implementación y de aplicación y cumplimiento.
Los gobiernos pueden proporcionar acceso a la información
tanto activamente (mediante un deber de notificar a los ciudadanos,
por ejemplo en los requisitos de notificación) como pasivamente
(mediante un deber de proporcionar información a petición,
por ejemplo, bajo las leyes de libertad de información).
Un método fundamental para proporcionar información
al público es mediante publicaciones gubernamentales. Estas pueden
proporcionar información básica sobre acciones tales
como permisos propuestos, evaluaciones de impacto ambiental propuestas
o proyectos gubernamentales planeados. Las publicaciones oficiales
informan a miembros del público sobre acciones gubernamentales
propuestas y la manera de participar en el proceso de decisión.
Además, el gobierno puede otorgar al público acceso a toda
la información pertinente relativa a una decisión
que está siendo considerada. Mediante la recolección
en solo lugar de toda la información y comentarios respecto
a una decisión propuesta, un "listado de información"
faculta a las partes interesadas para responder a los argumentos
y datos presentados por otros. Llevando un listado de información
actualizado, una institución gubernamental fomentará
comentarios de mayor calidad y desperdiciará menos tiempo
revisando presentaciones duplicadas.
La participación pública efectiva depende de que los miembros
conozcan una acción o decisión gubernamental propuesta
en una etapa temprana del proceso. Una notificación oportuna
en tiempo resulta crítica para brindar a los ciudadanos
la oportunidad de afectar la decisión propuesta. La notificación
de cualquier proyecto o regla propuestos permite a los no expertos
entender la forma en que la decisión podría afectarles
y la forma en la que pueden comunicar sus puntos de vista u objeciones
a la dependencia.
En algunos países la constitución establece el derecho
de petición. Esto constituye un medio para que el público
dirija sus preguntas al gobierno a las cuales éste deberá
responder de alguna manera. En algunos países existe legislación
sobre el acceso a la información en forma de las llamadas
leyes "de libertad de información" y leyes
del "derecho de la comunidad a saber". Bajo las
leyes de libertad de información los ciudadanos pueden tener
acceso a los registros gubernamentales a menos que la información
se encuentre exceptuada de ser exhibida. El público funciona
como una amplia fuente de conocimiento y pericia técnica
sobre el ambiente natural, recursos naturales y problemas de contaminación
de su país.
En algunos países los gobiernos han establecido métodos
formales e informales para consultar con miembros de diversos
sectores sociales. Según se describe más adelante, dos métodos
comunes para consultar miembros del público son el establecimiento
de comités consejeros formales e informales y la solicitud
de comentarios de los miembros del público ya sea por escrito
o mediante audiencias públicas.
Los comités consejeros, formados por ciudadanos, frecuentemente
son un útil medio para proporcionar consejo, ideas y diversas
opiniones de expertos al gobierno. Además, los comités
pueden facilitar la participación pública mediante la ayuda
a los ciudadanos a comunicarse con el gobierno. Una institución
gubernamental puede nombrar a un comité consejero general
para proporcionar una guía sobre una variedad de cuestiones
de política, o puede nombrar a comités más
especializados para enfrentar problemas particulares o cuestiones
regulatorias. Los miembros del comité consejero usualmente
son seleccionados basándose en su pericia sobre la dependencia
y la materia que se trate. La membresía al comité
puede reflejar una gama de intereses que serán afectados
por el proyecto o la política.
En algunos países, los reglamentos relativos a juntas gubernamentales
requieren que las juntas de los comités consejeros sean
abiertas al público. Además, la agenda, las minutas y las
transcripciones de las reuniones del comité son puestas
al alcance de la inspección y fotocopiado por parte del
público en una localización única en las oficinas del comité
consejero. Los fondos pueden también ser puestos a disposición
de organizaciones ciudadanas para gastos de viaje a fin de facilitarles
su participación. Estas medidas ayudan a asegurar que el
comité se mantenga al tanto de los puntos de vista y preocupaciones
del público
Además de proporcionar la notificación adecuada de
una decisión o acción propuesta y de permitir el acceso
a ciertos documentos, una institución gubernamental puede
establecer procedimientos para estructurar aportaciones públicas
subsecuentes. El gobierno puede solicitar la aportación
por parte del público en forma de comentarios escritos o verbales
mediante audiencias públicas.
Los comentarios escritos son un medio conveniente para que las
partes interesadas comuniquen información y argumentos al
gobierno y la información escrita permite a la dependencia
revisar y digerir las peticiones de una manera eficiente. Sin
embargo, los comentarios escritos usualmente son preparados por
expertos legales y técnicos. Los particulares pueden carecer
de los recursos técnicos y financieros para preparar comentarios
efectivos. Por lo tanto la aceptación de peticiones escritas
puede ser suplida por oportunidades de comunicación oral
con la dependencia, tales como las reuniones del público con personal
de la dependencia.
Cuando los intereses del gobierno y de los ciudadanos son similares,
individuos y ONG pueden llenar lagunas en la aplicación
y cumplimiento gubernamental causadas por los limitados recursos.
El involucramiento público en el monitoreo y en la aplicación
y el cumplimiento es el siguiente paso lógico para los sistemas
políticos democráticos que han fomentado la participación
pública en la creación y reglamentos. El permitir a los
ciudadanos tener un papel concreto en la implementación
del régimen que ellos ayudaron a diseñar, fortalece
el apoyo público para las metas y la conciencia de estas. Los
caminos para la participación pública en la aplicación
y cumplimiento son muchos y variados. Varios métodos comunes,
como el monitoreo ciudadano, la defensa ciudadana, la creación
de la institución del Ombudsman.
1. Las Conferencias Mundiales. Formulación
de prioridades para el siglo XXI. Departamento de Información
Pública de las Naciones Unidas. Nueva York, N.Y. 1997, pag. 5.
2. Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo 1992. "Programa 21" Consejo
de la Tierra." Sección III FORTALECIMIENTO DEL PAPEL
DE LOS GRUPOS PRINCIPALES. Capítulo 23 preámbulo,
paga 379.
3. Cumbre Mundial para el desarrollo social. SEGUNDO COMPROMISO.
"Lo que el derecho debe tratar de fomentar es un Estado altamente eficiente en lo económico e igualitario en lo social".
"La participación ciudadana es una forma de lograr eliminar formas de exclusión de grupos y de lograr una presencia más fuerte de la sociedad civil y los operadores sociales para convertir a su vez al Estado en uno altamente eficiente".
