I. Introducción
En los últimos años, se produjeron en la región latinoamericana leyes y convenciones destinadas a resolver algunos de los principales problemas de derechos humanos que enfrentamos las mujeres, la violencia, el hostigamiento sexual y la discriminación en la política, entre otros. Sin duda, estos instrumentos representan avances significativos en la condición jurídica de las mujeres en la región y en la consolidación de sus derechos humanos. Sin embargo, esta situación aún está lejos de garantizar el pleno respeto y disfrute de los derechos humanos de las mujeres. En ello convergen diversos factores.
Por un lado, muchas de estas leyes-incluyendo las destinadas a beneficiar expresamente a las mujeres-, no están completamente libres de prejuicios sexistas, lo cual atenúa o disminuye su impacto social. Por otro, estas mismas leyes continúan siendo respuestas parciales a problemas complejos que no logran resolverse, principalmente porque en muchos casos sse han dictado aunque no responden a la realidad social e institucional de los países, por lo cual su aplicación práctica y efectiva es limitada.
Esta realidad nos plantea la necesidad de analizar algunos de los problemas de discriminación que aún subsisten en nuestros sistemas jurídicos, con el propósito de aportar planteamientos que contribuyan a la reflexión colectiva sobre mecanismos futuros a corto y mediano plazo para eliminar las discriminaciones existentes y promover un marco jurídico que garantice a las mujeres el pleno respeto y el disfrute efectivo de sus derechos humanos. Parte de este análisis resume los resultados de la investigación <Análisis de la discriminación de género en la legislación centroamericana>, realizada por el IIDH en 1994 y que fuera coordinada por la autora de este artículo. Este estudio tuvo lugar en cinco países de Centroamérica (1), y contribuyó a la comprensión del fenómeno de la discriminación de género en lo que concierne a la legislación de familia, penal y laboral principalmente.
1. Estos fueron Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.