PRIMER MÓDULO: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Experiencias de fiscalización estatal desde las organizaciones de la sociedad civil

EL FOMENTO DE LA FISCALIZACIÓN ESTATAL DESDE EL MUNICIPIO Y EL GOBIERNO LOCAL

Gustavo Adolfo Vega
Centro de Derechos Constitucionales
Nicaragua

De previo, he de aclarar que la elección directa de autoridades municipales en Nicaragua es un hecho relativamente reciente. La Constitución Política de 1987 y la Ley de Municipios de 1988 hicieron posible las primeras elecciones de órganos colegiados de gobierno municipal para el período 1990-1996. Desde 1990, Nicaragua asiste a un trascendental proceso de transformación pública, denominado de Modernización del Estado que, además de reducir a éste en personal y consecuentemente en el volumen de su gasto, ha modificado su papel ante la sociedad, hasta limitarlo a convertirse en un ente normador, controlador y facilitador de procesos.

A la par, en el plano político, Nicaragua experimentó una Reforma Constitucional durante 1995 y una consecuente Reforma de adecuación constitucional de la Ley de Municipios que, al menos en su letra, asigna un protagonismo determinante a los Municipios en la construcción del desarrollo nacional. Sin embargo, paralelamente, los funcionarios de Gobierno hablan del impulso a Procesos de Descentralizacicón de la Administración Pública, que se realizan conforme el saber, estilo y preferencias de los titulares de los diferentes ministerios, sin que exista una visión conjunta del nuevo Estado nicaragüense.

En la realidad, en el Municipio están confluyendo muchas presiones sociales, en general sus finanzas son muy limitadas y el Gobierno Nacional se reserva el manejo de Proyectos y Programas Emergentes de Empleo y de Inversión Social, sin depositar responsabilidades concretas y entregar asistencia técnica para el desarrollo de una institucionalidad municipal democrática y participativa.

Actualmente, la Asociación de Municipios de Nicaragua está demandando del Poder Legislativo, el cumplimiento del mandato constitucional que establece la obligatoriedad del Estado de transferir un porcentaje suficiente del Presupuesto General de la República a las Municipalidades del país, priorizando a las de menor capacidad de ingresos. Debe señalarse que la historia de las finanzas municipales de Nicaragua, refleja un número reducido de municipalidades verdaderamente autosostenibles y viables; en datos de 1995, unas 106 de las 147 municipalidades recaudaron ingresos anuales totales inferiores a un millón quinientos mil córdobas -equivalentes a unos doscientos mil dólares-, monto muy limitado para prestar servicios eficientes, ampliarlos o efectuar inversiones sociales.

Créanme que no me estoy saliendo del tema. He señalado todo lo anterior, para ilustrar el entorno que rodea y obstaculiza los esfuerzos por promover la fiscalización estatal desde los municipios.

Aún no he mencionado la cultura "Estado-Botín" existente en nuestro país que, además de socavar las bases institucionales y crear un caldo propicio a la corrupción, está presente en todos los niveles de la administración pública. Refiriéndose al universo de los funcionarios públicos, incluyendo los alcaldes, un diputado liberal, cuyo nombre no viene al caso mencionar, decía: "En Nicaragua debe presumirse que todo funcionario público es ladrón, mientras no demuestre lo contrario". En el nivel local, el éxito o fracaso de los Cabildos Municipales mucho depende de la voluntad política del Alcalde; en muchos casos, se organizan como "portátiles partidarias" para satisfacer determinados requisitos.

"...deben establecerse cauces institucionales de control social de la gestión pública, desde el nivel local."

Ese concepto de "Estado-botín", es el principal oponente del fomento de la Autonomía Municipal, del fortalecimiento de las capacidades de gestión local, de la descentralización administrativa y financiera, y, evidentemente, de la fiscalización.

Estimado Auditorio:

Si algo de lo que he señalado ocurre también en algunos de sus países, cabe preguntarse si se trata de una simple coincidencia. Lo señalado, no constituyen las reflexiones de un pesimista, sino un panorama actual que deseamos transformar desde la ciudadanía y desde las organizaciones del sociedad civil, por lo que me permito sugerir lo siguiente:

1. Debemos luchar por la transparencia de la gestión pública, por el carácter público de la información estatal y por la plena libertad de acceso a la misma.
   

2. Los actuales organismos controladores o fiscalizadores nacionales deben ser fortalecidos y, como parte de su fortalecimiento, deben establecerse cauces institucionales de control social de la gestión pública, desde el nivel local.
   

3. Debe estimularse el rol de los medios de comunicación en la búsqueda de la información pública.
   

4. Si bien la Ley no es la solución per se, el ejercicio de la Iniciativa Legislativa Ciudadana debe convertirse en una importante escuela de educación cívica en la acción. Lo mismo puede señalarse respecto a la iniciativa a nivel local.
   

5. Deben impulsarse acciones en favor de procurar la idoneidad en la selección de funcionarios y empleados públicos y en su formación permanente.
   

6. Debemos explorar la institución de la revocación del mandato como medio para transformar la conducta de los representantes electos y para estimular su actuación responsable frente a la ciudadanía, por encima de sus intereses personales o partidarios.
   

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