ESTABLECIENDO EL CONTEXTO:
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO UN NUEVO PARADIGMA EN LATINOAMÉRICA

LOS OBSTÁCULOS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tania Palencia Prado
Escritora e investigadora guatemalteca

Una apertura en Centroamérica

Me gustaría hacer énfasis, principalmente, en los problemas que dificultan el fortalecimiento de la participación ciudadana, así también como en los retos para que ésta pueda efectivamente convertirse en una acción dirigida a influir en las políticas públicas.

En el momento inaugural, escuchamos diversas opiniones que muestran, que reflejan, que definitivamente hay un proceso de renovación en Centroamérica, dirigido principalmente a crear condiciones de gobernabilidad en los Estados. A mi juicio, el primer rasgo que observo a partir del cual surge una nueva retórica en torno a la democracia, deriva del hecho de que nuestros débiles Estados, habían roto históricamente los canales de comunicación con los diversos actores sociales.

Esta ruptura de la comunicación social, en gran parte derivada por la persistencia de formas graves de concentración de poder, tanto económico como político, ahora pretenden modificarse. El rasgo principal de la renovación es el surgimiento de un nuevo discurso, este discurso se abre a la aceptación de nuevos conceptos, entre ellos el de un Estado más abierto, más tolerante, más comunicante y dispuesto, teóricamente, a escuchar el punto de vista de los ciudadanos. También, en el nuevo discurso, hay una pretensión de evitar conflictos intersectoriales, puesto que la principal debilidad para la estabilidad política de los Estados de Centroamérica, ha sido precisamente el no poder contar con apoyos sistemáticos y sólidos de la población a las políticas que se ejecutan.

El proceso de cambio en general, se debe, entonces, a una alta necesidad de garantizar estabilidad política para la inversión de capital, creo que el fundamento de los procesos que hemos llamado hacia la democratización está principalmente determinado por el hecho de que nuestras economías no podrían resistir por mucho tiempo si persisten conflictos políticos y sociales. El nuevo llamado a la democracia es una necesidad de los mercados para poder garantizar principalmente, estabilidad de sus inversiones.

De modo que no necesariamente este complejo procese de construcción o refuncionalización de la democracia en nuestros países se debe necesariamente a una explícita o real voluntad política de hacer participar en la toma de decisiones en los asuntos nacionales a las organizaciones sociales más beligerantes, o a los ciudadanos, o a sus representantes. Esta advertencia me parece importante, porque creo que debería ponerse atención al hecho que todos los Estados actualmente en Centroamérica, están dirigiendo procesos de concertación.

En Costa Rica, el presidente está convocando a los diversos sectores a participar en un foro de concertación, especialmente para la discusión de sus nuevas políticas económicas. Igual está ocurriendo en Honduras, con el "Foro de Concertación Nacional", en donde la agenda principal también tiene que ver con las políticas económicas del Estado. En Nicaragua se intentó, con gran frustración, realizar este mismo mecanismo; un llamado de consenso del gobierno por la participación de partidos políticos, organizaciones sociales y empresariales en una agenda que igualmente trataba, como punto central, la política económica de su Estado. En Guatemala se han realizado los llamados encuentros de actualización que han tenido virtualmente el mismo propósito.

"El rasgo principal de la renovación es el surgimiento de un nuevo discurso, este discurso se abre a la aceptación de nuevos conceptos, entre ellos el de un Estado más abierto, más tolerante, más comunicante y dispuesto, teóricamente, a escuchar el punto de vista de los ciudadanos".

Quizás en El Salvador, el proceso propiamente de concertación se ha realizado en años anteriores y existe una participación política y de oposición mucho más activa a través de la cual, se canaliza el punto de vista de los sectores sociales, y el llamado a la concertación, ha sido más puntualmente para temas específicos o derivados de la coyuntura, no necesariamente una agenda permanente, en el cual se invite a discurrir sobre los problemas nacionales.

Esta búsqueda de la concertación, no necesariamente está dotada de los mecanismos para que los concertados puedan incidir directamente en las decisiones de política que toma el gobierno. Es todavía un primer paso de reconocimiento mutuo en sociedades donde, en primer lugar, los sectores sociales, entre sí, no se conocen y estos respecto al Estado tienen un alto desconocimiento de sus necesidades y prioridades mutuas.

Las acciones que los Estados en Centroamérica están adoptando para profundizar los procesos de participación ciudadana, son todavía muy débiles, pues estas se caracterizan principalmente por llamados retóricos al consenso y no se ha creado ni institucionalidad, ni legislación, ni mecanismos políticos para asegurar que puedan los acuerdos convertirse en parte integral de la cosa pública, de los asuntos políticos. En otras palabras, la participación ciudadana en Centroamérica, todavía no llega al nivel de tomar decisiones sobre las políticas del Estado.

La existencia de poderes paralelos

Quiero señalar que la principal dificultad que existe para que las organizaciones sociales aporten la política pública, no tanto deriva de la poca voluntad del funcionario público, y menos ahora del funcionario público que está en casi todos los gobiernos de Centroamérica. Creo que hay en general una mayor reapertura, no una cultura de participación ciudadana, pero sí una mayor apertura del funcionario público a tomar en cuenta, las demandas o las propuestas de lo que llamamos sociedad civil. El obstáculo principal, a mi juicio, es la existencia de poderes paralelos a los que existen dentro del funcionamiento mismo del Estado.

Poco hemos observado o analizado cómo están en Centroamérica, impidiendo, bloqueando o no permitiendo formas más participativas de la sociedad, sectores como el ejército, los empresarios y el sistema de partidos políticos. Creo que estos tres grandes grupos de poder están sumamente aislados de todo este proceso de renovación política. De esa suerte, el funcionario público y aún más el funcionario público civil que, en general con buena voluntad, tiende a convocar a la participación social se ve detenido porque las decisiones sobre los temas principales no se toman entre él y el grupo social convocado; la mayoría de las decisiones respecto a los principales asuntos del Estado se siguen tomando, en casi toda Centroamérica, en espacios o escenarios de alto nivel, donde inciden directamente las altas jerarquías del ejército, de las cúpulas empresariales y de los partidos políticos.

Estos tres poderes son, en Centroamérica, los poderes que concentran la mayor capacidad de toma de decisiones del Estado y son los poderes que inhiben o a veces pueden provocar retrocesos en los mecanismos empíricamente establecidos para tomar decisiones sobre asuntos de interés nacional. Creo que es altamente importante que en este taller se tome en cuenta qué mecanismos deberían existir dentro de la sociedad, para involucrar a los militares, a los empresarios y al sistema de partidos políticos en un proceso profundo de renovación para que estos sectores cedan poder a la ciudadanía.

Las contradicciones entre lo político y lo económico

El otro problema principal que observo como inhabilitador de la participación ciudadana, es el hecho que la mayoría de nuestros Estados, tienen en ejecución una agenda económica que paradójicamente bloquea o contradice su agenda política. La mayoría de las medidas económicas decretadas por nuestros Estados, tienden a reducir los derechos económicos y sociales y a provocar procesos de exclusión mayores de sectores históricamente excluidos en nuestros países, especialmente los sectores campesinos, mujeres e indígenas. La agenda económica, por supuesto, está determinada por el rasgo común que tienen nuestros Estados de tener una débil capacidad de ejecución financiera y el complejo efecto que ha tenido esto para poder asegurar el establecimiento de buenas relaciones con los organismos financieros internacionales que constituyen otro foco de poder altamente concentrador, que no toma en cuenta los procesos políticos internos, para involucrarlos en sus medidas de política económica.

Los organismos financieros internacionales, en general, están sugiriendo a nuestros Estados, como ya sabemos, la ejecución de políticas de reducción del papel del Estado en procesos antes considerados de alta importancia para ofrecer o garantizar el acceso a los servicios públicos básicos. Esta agenda económica también tiene un impacto negativo en los procesos de alianzas, puesto que requiere principalmente para su implementación, el apoyo principal del sector privado y muchas veces los intereses de los empresarios en la ejecución de las políticas de privatización de los servicios públicos o en la ejecución de las políticas tributarias, ejercen su hegemonía política, evitando ser ellos una parte activa en la cesión de poder o en compartir el costo del cambio.

El sector privado en Centroamérica, con más o menos niveles de apertura, es altamente responsable de los bajos niveles de participación ciudadana que existen. En gran medida es parte de una cultura política que ha estado caracterizada por el hecho que se acostumbra a tomar decisiones con un estilo autoritario criollo de gobierno, no hay una apertura en compartir económicamente los costos del proceso de cambio en Centroamérica.

En Nicaragua, por ejemplo, el organismo legislativo hace una semana acaba de ratificar un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional llamado ESAF o Ajuste Estructural, a través del cual se van a tomar medidas que van a implicar efectos perjudiciales, especialmente en el área rural, puesto que comienza un proceso de reducción de la inversión social especialmente en el área educativa y de salud.

En Honduras el nuevo presidente acaba de implementar hace un mes o mes y medio un nuevo paquete tributario, en su mayoría las medidas fiscales aprobadas por Flores Facussé favorecen al sector privado, entre ellas la disminución del impuesto sobre la renta y por supuesto el incremento al llamado IVA o el impuesto a la venta que, como sabemos, afecta el ingreso del consumidor final.

"Poco hemos observado o analizado cómo están en Centroamérica, impidiendo, bloqueando o no permitiendo formas más participativas de la sociedad, sectores como el ejército, los empresarios y el sistema de partidos políticos".

En Guatemala, el sector privado especialmente, se opuso a la vigencia de una ley de impuestos sobre inmuebles, que hubiera resuelto en un alto porcentaje, la gran dificultad que tiene este Estado para contar con recursos propios de contrapartida en el impulso de la mayoría de los compromisos de paz.. La reticencia del sector privado guatemalteco a dar aporte económico al Estado para la ejecución del Programa de Paz es una actitud política típica, que refleja la indisposición cultural de este tipo de sectores en el proceso de compartir los costos de una reconstrucción democrática.

El poder de los ejércitos

Los ejércitos, por su parte, no están poniendo el suficiente esfuerzo para crear en nuestros países políticas de seguridad pública que permitan la participación ciudadana, sin el temor a recurrir o a volver al viejo terror contrainsurgente, que afectó a casi toda Centroamérica en la época pasada. La militarización en Centroamérica todavía es uno de los principales problemas para abrir los espacios al pensamiento civil, a la civilidad y también para que se cree una cultura de resolución de conflictos basada en la negociación y no en el uso de las armas. El asesinato, por ejemplo, de Monseñor Juan Gerardi en Guatemala, es un síntoma típico de como en nuestro país, en la presencia todavía de fuerzas militares y paramilitares ejerciendo políticas a través de las armas, inhibe las débiles intenciones, la débil voluntad política, pero no obstante, existente del Gobierno, del Estado, y de otros sectores para profundizar el proceso de democratización de este país.

"Es necesario, por lo tanto, crear mecanismos más orgánicos dentro de los Estados y en consecuencia con características jurídicas e institucionales para que la participación ciudadana no solo ocurra, como un acontecimiento de cultura, sino también pueda expresarse como un proceso de ejercicio del poder".

En El Salvador, por ejemplo, está ocurriendo algo impresionantemente asombroso, como es el hecho de que se está intentando politizar el cargo de Procurador de los Derechos Humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos en El Salvador ha jugado un papel fiscalizador fundamental en un país donde el control social, la fiscalización social, como en toda Centroamérica, todavía es débil. Sin embargo, esta instancia ahorita está descabezada, sin nombramiento de procurador, debido a que los partidos políticos están interesados en nombrar a la persona más allegada a su movimiento.

En Honduras, tristemente, a pesar de los esfuerzos profundos de organizaciones sociales, especialmente de coordinaciones intersectoriales interesadas en desmilitarizar en ese país, recién se acaba de adoptar una política en la que la Policía de Investigación Penal se separa del Ministerio Público y se convierte en una instancia adscrita al Ministerio de Gobernación. Esta separación, según los expertos en política criminal y miembros de organizaciones de derechos humanos, va a dificultar mucho la autonomía requerida para que los fiscales puedan realizar sus investigaciones penales dirigidas a resolver los principales crímenes del país. El papel del ejército en Honduras, en consecuencia, todavía es determinante para las decisiones del Estado, y este hecho que ojalá pueda ser modificado por la persistencia de las organizaciones en que no se adjudique la policía penal a este Ministerio, pueda entonces revertirse.

En Guatemala la desmilitarización todavía es débil, los guatemaltecos a raíz de la muerte de, del asesinato de Gerardi, recién despertamos, autodescubrimos que durante un año entero la sociedad y el Estado no discutimos, no abordamos el tema del proceso de recomposición del ejército. Es importante que este suceso, independientemente del juicio que deba seguirse, llame la atención hacia reconocer que los niveles de impunidad que existen en el país son sumamente negativos para profundizar el proceso de democratización.

La participación ciudadana es un proceso de ejercicio del poder

En fin, la desigualdad de los aportes del ejército, de los empresarios, de los partidos políticos, el peso de la agenda económica y la poca capacidad del Estado para enfrentar a estos poderes, son obstáculos fuertes para fortalecer la participación ciudadana en todas sus formas. Es necesario por lo tanto, crear mecanismos más efectivos, establemente más orgánicos dentro de los Estados y en consecuencia con características jurídicas e institucionales para que la participación ciudadana no solo ocurra, como un acontecimiento de cultura, sino también pueda expresarse como un proceso de ejercicio del poder.

Hasta el momento no tenemos una historia consistente en donde la participación ciudadana se convierta en toma de decisiones sobre asuntos políticos. Es necesario crear controles de naturaleza legal y crear mecanismos culturales y atender los derechos de participación de los sectores históricamente más oprimidos. En esta búsqueda creo que las organizaciones sociales tienen que ser también muy autocríticas.

"Los ciudadanos deben entrar a un proceso que todavía no es sólido, desconocemos a nuestros Estados, desconocemos cómo funciona el sector público, desconocemos cuáles son los problemas que hay adentro del sector público para hacerlo más efectivo y funcional".

Para finalizar, solamente tendría que decir, que sin bien la participación ciudadana, en el entendido en que esta es una forma de ejercicio de poder, es un fundamento de la democracia y la participación ciudadana por sí misma no es la panacea de la democratización de nuestros Estados. Los ciudadanos deben entrar a un proceso que todavía no es sólido, desconocemos a nuestros Estados, desconocemos cómo funciona el sector público, desconocemos cuáles son los problemas que hay adentro del sector público para hacerlo más efectivo y funcional.

No compartimos corresponsablemente con estructuras del Estado, lo cual no implica complicidad con el partido gobernante, procesos de mutua responsabilidad para ahondar en los espacios de democratización. Este reconocimiento de la ciudadanía hacia el cómo, para qué, de qué manera funciona el organismo judicial, legislativo y ejecutivo, es fundamental. De no conocer el funcionamiento del Estado, la participación ciudadana seguirá siendo, principalmente, un ejercicio también retórico y propicio para procesos más que todo de naturaleza jurídico partidaria.

La misma suerte se tendría del Estado, los Estados entren a un reconocimiento más detenido de cuáles son las demandas y las características de exclusión de los sectores sociales que forman parte de su sociedad. Romper con este desconocimiento mutuo y entrar a procesos de corresponsabilidad en asuntos públicos, puede generar nuevas experiencias y éstas pueden también determinar la construcción de nuevos liderazgos y procesos multiplicadores que ayuden a largo plazo a hacer de este tema una característica más cultural y orgánica en nuestros países.

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