Una de las características que más ha llamado la atención de la Masonería a la sociedad civil ha sido y es el mal llamado "secreto masónico". El secreto masónico (secreto de pertenencia), como se difunde en muchos textos, es fundamentalmente la total garantía que tiene un masón de que su condición como tal no será difundida nunca por otros miembros de la Institución. Cualquier masón puede elegir libremente divulgar su propia condición, pero nunca lo hará de sus hermanos y hermanas.

El derecho y la justificación del secreto masónico no están en entredicho. La privacidad, sea de las actividades (legítimas) como de la libertad de pensamiento, está perfectamente amparada en las constituciones democráticas (artículo 16 de la Constitución Española). También consideraciones iniciáticas y consustanciales al método masónico justifican de pleno el trabajo "a cubierto" y el talante "discreto" de sus miembros.

No obstante, en ciertos casos concretos, hay masones sobre los que el secreto masónico cobra otra significación además de la originaria, que desborda su derecho a no divulgar su condición como tales. Un caso claro es el de aquellos masones que representan, en la sociedad, a las organizaciones masónicas. Toda organización masónica de cierta entidad se encuentra registrada convenientemente y debe declarar el nombre de los responsables a cargo de la gestión asociativa. Este principio, en las sociedades democráticas donde está garantizado el derecho asociativo, es aceptado tradicionalmente por la Masonería, que acata las leyes del país donde reside.

Otro caso más complejo es el que afecta desde hace unos dos años a ciertos masones en el Reino Unido: Jueces y miembros de la seguridad del Estado. El gobierno laborista de Tony Blair ha impulsado un movimiento reclamando que los masones cuya profesión esté ligada a un servicio público y requiera una garantía especial de independencia, declaren su pertenencia a la masonería (ver EL PAÍS).

No obstante, e introduciendo matices a lo expuesto, la opinión de esta redacción es que el secreto masónico, entendido este tanto como un derecho, como una tradición, no pueden servir para (a) relajar el compromiso del masón con el buen nombre de la orden (b) servir de amparo a lealtades con fines ilícitos y (c) esquivar las responsabilidades asumidas por aquellos que rigen el gobierno de las organizaciones masónicas.

1. El masón que hace pública su pertenencia a la Orden, liga su buen nombre personal al buen nombre de la Masonería, y estará siempre pronto a salir a la palestra, ante conocidos, autoridades o medios de comunicación, exaltando o defendiendo a la Institución con la que se ha comprometido públicamente. Tal condición hace que se deba otorgar, a los masones "públicos", un voto de calidad a la hora de dirimir las cuestiones de imagen que afectan a la Masonería, muy especialmente en España, donde este es un terreno en el que habiendo un enorme atraso, se ha avanzado poco. Por otra parte, aquellos masones que prefieren preservar su afiliación masónica, y por tanto no quedan igualmente afectados por los avatares de la imagen de la Orden, como mínimo deberán responsabilizarse en garantizar que en lo que respecta a las Logias y a las Obediencias, se extreman los cuidados para velar por el buen nombre de la institución, no siendo posible ser ajeno a posibles comportamientos que deben quedar claramente desligados de lo masónico.
   
2. Los masones no debemos pasar por alto posibles comportamientos inapropiados, aunque estos se den de manera muy aislada o afecten "a los nuestros". El masón tiene un infinito respeto por los posibles defectos o errores de sus hermanos y hermanas, y debe creer en su capacidad de enmienda, pero en ningún caso los valores centrales de tolerancia y fraternidad masónicas deben ser obstáculos para impedir que la Orden sea utilizada para reclutar lealtades con fines ilícitos o reprobables. Por otra parte, si los representantes legítimos de un país democrático solicitan a ciertos cuerpos profesionales, como son los jueces y policías, en función de su especial carácter, que declaren su pertenencia a la Masonería, no debería haber ningún problema aunque, como dice Javier Otaola, en ese caso también se deberá pedir lo mismo respecto a la pertenencia a otro tipo de organizaciones como Amnistía Internacional, Green Peace, el Opus Dei, Pro-Vida, la Orden de Calatrava, la Cofradía de Jesús del Gran Poder, etc. La Masonería no es un centro de negocios o de intereses egoístas, aunque tampoco puede controlar las actividades privadas de sus miembros, pero desde luego sí debe poner todo su esfuerzo para no servir de vehículo para actividades ilícitas o actividades que, manteniendo ambigüedad sobre su licitud, sean reprobables moralmente.
   
3. Todo masón tiene derecho a participar en la gestión de la Obediencia (estructura administrativa que agrupa o federa a las Logias que libremente deciden adherirse a ella), pero la asunción de responsabilidades administrativas y el desempeño de cargos representativos conlleva una responsabilidad adicional, además de la propia del desarrollo del método masónico, frente a la sociedad civil. Por ello, la identidad de los miembros de los órganos de gobierno de las Obediencias debería ser, automáticamente y como parte de sus responsabilidades, declarada públicamente. Por el mismo motivo, los miembros de estos órganos, elegidos democráticamente, también deberían ser un modelo de moral masónica en todos los sentidos, no pudiéndose entender, por poner un ejemplo, que el máximo representante de una Obediencia, el "Gran Maestro", fuera sospechoso de realizar negocios de especulación o de dudosa moralidad, sin ser denunciado desde la propia Masonería, pues ello pondría en jaque no sólo a su Obediencia o a las Logias asociadas, sino a toda la Orden, vertiendo serias dudas sobre la Masonería no ya como institución, sino como titular de un verdadero método iniciático de perfección.