Recientemente en una reunión con mujeres beliceñas del distrito de Orange Walk surgió entre ellas la inquietud sobre qué significa ser "mujer campesina" o mujer rural". Esta necesidad, que día a día crece entre las mujeres, de encontrarnos y explicarnos, cobra especial relevancia en el proceso de cambio que vive hoy el medio rural.

Una caracterización de las mujeres campesinas es problemática, empezando por que las conceptualizaciones que se han elaborado sobre el campesinado no siempre corresponden con la realidad de muchos sectores que lo conforman, a los que se ha excluido de las políticas de desarrollo rural por no estar estas adecuadas a sus estrategias productivas y de sobrevivencia.

Para Christine Barrow, el término campesinado ha sido restringido esencialmente a la vivencia masculina (Barrow, 1993:181) posición que comparten Ligia Martín y Silvia Lara cuando comentan sobre la escasez de estudios que aborden directamente y en forma amplia la situación particular de las mujeres campesinas e indican que el análisis de las situaciones que enfrenta la economía campesina se realiza exclusivamente desde la perspectiva de lo que acontece a los hombres campesinos, universalisando después sus resultados, y desconociendo la especificidad de la situación de las mujeres y los problemas que enfrentan.

El término en su acepción tradicional no valora las actividades productivas y reproductivas que realizan las mujeres, dejando por fuera a las mujeres como actoras del desarrollo rural.

Las actividades reproductivas de las mujeres son subvaloradas e ignoradas en las conceptualizaciones sobre el campesinado y en lo que se refiere a la actividad agrícola y pecuaria, esta continúa siendo considerada como exclusiva de los hombres. Los "perfiles sociales" de la mujer campesina ocultan la amplitud y la variedad de formas de participación de las mujeres campesinas en la producción, procesamiento y comercialización agropecuaria, y continúan negando su papel como productoras (Lara,S. y otra, 1992).

Por otra parte, el que las mujeres vivan en el campo no asegura su dedicación exclusiva a la producción agrícola. Uno de los fenómenos que encontramos con mayor frecuencia en las zonas rurales es la instalación de fábricas maquiladoras y plantas agroindustriales que ofrecen bajos salarios pero son valoradas positivamente por las mujeres por ser una fuente de ingresos "seguro". En Costa Rica y en Panamá es donde más ha aumentado el porcentaje de asalariados rurales (Fundación Arias, 1996), lo que podría considerarse como un indicador de este factor.

La búsqueda de igualdad en el acceso a los recursos ha sido un motor de cambio en la historia. En Centraomérica la igualdad se recoge como principio orientador en todos los ordenamientos jurídicos- es esa igualdad la que exige la revisión, desde una perspectiva de género, del aparato estatal y las políticas que de allí emanan, entre ellas las relacionadas con el acceso a la tierra.

Una de las características comunes a todos los procesos de Reforma Agraria en Centroamérica es su falta de consideración y comprensión de la situación de las mujeres rurales y su relación con el desarrollo del medio rural. Los estudios sobre "El Acceso de la Mujer a la Tierra" realizados en 1991 y 1995 por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano muestran que han sido pocas las mujeres beneficiarias de los programas gubernamentales de asignación de tierras. En Guatemala durante el período comprendido entre 1953 y 1993, de las adjudicaciones otorgadas por el Instituto de Nacional de Transformación Agraria, únicamente el 9% benefició a las mujeres y sólo un 1% pudo acceder al crédito. En Honduras la reforma agraria iniciada en 1975 tuvo sólo a 3.8% de mujeres beneficiarias. En El Salvador , los datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería expresan que para 1991, la reforma agraria benefició sólo a 4.7% de mujeres. Para Nicaragua los datos muestran que en las cooperativas (modalidad de distribución que concentró más mujeres) el 10.5% de las socias eran mujeres. En cuanto a Costa Rica, entre 1962 y 1988 solamente el 11.8% de los beneficiarios directos fueron mujeres, esta situación se modificó para 1990 donde el porcentaje de mujeres beneficiarias aumentó a un 38.7%. Situación similar se presenta en Panamá en donde el acceso a la tierra por parte de la mujer ha sufrido diferentes variaciones, pasando de 24.7% en 1988 a 29.3% en1991, decayendo en 1992 a 27.4% y aumentando a 28.3% en1993 (Fundación Arias, 1996).

Los estudios realizados por la Fundación Arias sobre el acceso de las mujeres a la tierra en centraomáerica hacen visibles una serie de razones que convergen y obstaculizan el acceso de las mujeres a la tierra. En estos estudios se llama la atención sobre tres factores íntimamente relacionados entre sí:

a. factores estructurales: el trabajo invisible o subremunerado que realizan las mujeres rurales, la pobreza rural y la deficiente cobertura de servicios públicos que afecta en forma diferenciada a hombres y mujeres, el aumento de las mujeres jefas de hogar y las migraciones y desplazamientos que se han dado en la región producto de la guerra o de la búsqueda de mejores condiciones de vida.

b. factores ideológico culturales: se relacionan fundamentalmente con ladivisión sexual del trabajo donde a la mujer se la asocia con el espacio doméstico reproductivo y al hombre con el espacio público productivo. Las apreciaciones que se hacen sobre la participación de las mujeres en los espacios público y productivo están mediatizadas por valoraciones culturales que le restan importancia.

c. factores legales: existen en todos los países de la región centroamericana leyes relacionadas con la tenencia y distribución de la tierra. En Honduras, El Slavador y Nicaragua estas han estado ligadas con procesos de Reforma Agraria, mientras que en los otros paises se trata de cuerpos legales que en forma menos integral regulan la distribución y tenencia de la tierra.

Sobresale el hecho de que en su mayoría, los programas de asignación de tierras están dirigidos a beneficiar a la "unidad productiva familiar". No obstante, una lectura de los cuerpos legales que orientan la Reforma Agraria permite identificar los supuestos que los/las formuladores/as de política tienen en mente cuando hacen referencia a la unidad productiva familiar, a saber:

• Se trata de familias biparentales con hijos e hijas
• Existe un "jefe de hogar" que representa los intereses de la familia y maneja los recursos del hogar con consideración y respeto de los demás miembrso de la familia
• Se presume una estricta división del trabajo donde la mujer y las niñas se encargan de las labores del hogar y los hombres se ocupan de la agricultura y otras actividades generadoras de ingreso. Esta presunción lleva a una desintegración funcional de la dimensión productiva y reproductiva de la unidad familiar para el diseño de políticas que le afectan.

En contraste, la realidad de la familia Centroamericana ofrece un panorama diferente: aumento en la jefatura femenina del hogar y paternidad irresponsable; intereses conflictivos en el hogar; baja capacidad de negociación de las mujeres y las niñas que lleva a un acceso diferenciado a los recursos de la familia y frecuentemente, su despojo de los mismos (Sen:1986).

Si uno de los fines de los programas sociales de asignación de tierras es constituir empresas familiares, es conveniente encontrar mecanismos jurídicos que aseguren que la parcela se mantenga al servicio de la empresa familiar constituida, para lo cual es necesario partir tanto de la diversidad de las familias rurales como de una distinción sobre la ubicación de cada uno de sus miembros en la escala de poder.

La otra modalidad bajo la cual los Estados han asignado tierras es a grupos organizados, usualmente privilegiando la figura de la cooperativa. En centraomérica, las mujeres rurales han entrado en bajos números a formar parte de las cooperativas y las formas asociativas que han adoptado no se han considerado solicitantes legítimos de los programas de distribución de tierra.

En Nicaragua, a pesar de la promulgación de la Ley de Cooperativas de setiembre de 1981 (que postulaba como objetivo general de las cooperativas "impulsar la participación activa de la mujer a través de su integración consciente en la gestión económica y social de las cooperativas"), sabemos que para 1984, las mujeres representaban el 6% del total de miembros de cooperativas y llegaron a alcanzar hasta el 10.5% de su constitución. Por su parte, una investigación reciente realizada por FIDEG muestra que del total de la población femenina rural organizada, solo un 1.5% lo está bajo la modalidad de cooperativas (FIDEG, 1995:99).

A pesar de este bajo porcentaje, sobresale el hecho de que entre 1992 y 1994 del 16% de mujeres beneficiados de los procesos de titulación, un 54% accedió al título en forma individual y un 45% bajo formas mancomunadas y asociativas. En los hombres hay un claro predominio de la titulación individual, modalidad que cubre el 85% de los títulos otorgados. (Agurto, S., El Aporte de la Mujer a la economía nacional, en Memoria del Seminario de tenencia de la tierra y el acceso de las mujeres a la tierra, SNV Managua, 29 al 31 de enero de 1997).

En Costa Rica, un diagnóstico situacional de las organizaciones de mujeres rurales, realizado recientemente por la Fundación Arias (abril 1997) reveló que de 76 grupos de mujeres entrevistados en la región Chorotega un 40.85% necesita o desea tierra para realizar su proyecto productivo; en la región Central de 28 grupos entrevsitados cinco (31.25%) manifestó que necesitaban terreno para la producción; en la región Huetar Atlántico de 29 grupos entrevistados un 38.03% menciona necesitar tierra para cultivo/siembra y 4.26% necesita terreno para cría de ganado; en la región Huetar Norte de 27 grupos entrevistados seis grupos dijeron no tener terreno para la producción (22.22%) y finalmente en la región Brunca de 16 grupos entrevistados 5 grupos mencionaron no tener terreno para producir plantas medicinales y abono orgánico. El elevado número de grupos que tiene necesidad de tierra muestra que las políticas de asignación de tierras existentes han sido insuficientes para satisfacer la demanda de las organizaciones de mujeres.

Lo anteriormente expuesto permite afirmar que la Reforma Agraria llegó a las mujeres y a los hombres en forma diferenciada. En su aplicación privó el estereotipo de que la mujer no es actora del desarrollo rural y que de hecho se beneficiaba de la tierra como parte de una unidad familiar.

En todos los países de la región el sector agropecuario se ha visto afectado por las políticas de ajuste estructural, la eliminación de subsidios a la agricultura y la liberalización de mercados. Los Ministerios de Agricultura han dejado de tener un rol regulador en las políticas del sector y del mundo rural y en su lugar, las políticas sectoriales son condicionadas por las políticas macroeconómicas. El retiro progresivo de la intervención estatal en las estructuras de tenencia de la tierra, protección de la propiedad y subsidios, indican que el papel distributivo del Estado ha quedado de lado y en cambio se insiste en las bondades distributivas del mercado. Las políticas sociales tienden a minimizarse y se focalizan a los grupos más vulnerables de las sociedades. También, las políticas públicas en el marco del ajuste estructural, priorizan medidas económicas de apoyo a la producción de exportación. Esto significa menores recursos para la producción de consumo interno, donde la mujer tiene una elevada participación.

Los procesos de reforma agraria, cuyos resultados ya de por si fueron muy limitados, están siendo objeto de revisión a la luz del nuevo modelo. La tendencia actual es hacia el fortalecimiento de los mercados de tierra, que irónicamente se dinamizaron a partir de los procesos de reforma agraria, gracias a la legalización de la tierra para quienes la explotaban en forma directa y a la eliminación del latifundio improductivo.

En este contexto se plantea una política agraria, relativa al mercado de tierras, formada por una serie de medidas para la movilización y transparencia del mercado. Se dice que esta intervención viene a complementar en mayor o menor grado la reforma agraria a través del efectivo establecimiento de tributación sobre la tierra (que disminuya las expectativas de ganancia especulativa a través de la misma), la titulación, la modernización de los sistemas de registro de la tierra, creación de bancos de tierra, programas de colonización y expropiación de tierras ociosas y asentamientos de sin tierras, bolsas de arrendamiento y regulación adecuada de esta figura (Reydon y Plata, en UNICAMP,1996:48).

a. Mercado de tierras: Un escenario con diversos actores

La discusión sobre el fortalecimiento del mercado de tierras debe pasar por un reconocimiento de los poteciales actores/interesados en la tierra y sus posibilidades de intervención en el mercado.

Bajo este modelo, la participación de los sectores campesinos en el mercado de tierras está influida por los procesos de diferenciación del campesinado -por un lado el sector que ha logrado consolidarse en su papel de pequeños productores y por otro, aquel sector que deberá deshacerse de sus tierras. Los campesinos que buscan acceder tierras agrícolas seguirán teniendo limitaciones, pues aunque bajen los precios de la tierra, su precio continúa siendo elevado para ellos.

Se propone entonces la intervención de los gobiernos creando líneas especiales de crédito o dando garantías necesarias para acceder al mismo.

Las organizaciones de la sociedad civil también pueden facilitar el acceso a la tierra en el marco del fortalecimiento del mercado de tierras. En América Latina las ONGs han desarrollado experiencias novedosas para la compra de tierras para campesinos e indígenas. La compra de tierra con esta finalidad también es conocida en Centroamérica. También existen numerosas experiencias de compra de tierra por parte de organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales con intenciones conservacionistas.

A pesar de que no podemos despreciar la importancia de que las organizaciones de la sociedad civil desarrollen destrezas y capacidades que permitan la compra de tierras a través de modalidades novedosas, hay que cuidar que esta no sea una dimensión más del desplazamiento de las funciones del Estado hacia otros sectores de la sociedad.

Si el panorama que se muestra no favorece a los pequeños productores, cuales son las perspectivas de las mujeres rurales cuando las tendencias apuntan hacia el aumento de la feminización de la pobreza y persisten los factores que han impedido hasta la fecha el acceso a los servicios del sector agropecuario, en particular los programas de asignación de tierras.

b. Algunas iniciativas en la región Centraomericana

La realización de la Cumbre de Beijing en 1995 dió lugar a una fuerte movilización desde las organizaciones de mujeres y dentro de algunos sectores gubernamentales para incorporar políticas tendientes a mejorar la posición de la mujer en nuestras sociedades. El documento aprobado por los gobiernos en Beijing, recoge la necesidad de dar acceso a las mujeres a la tierra en diversas secciones: La Mujer y la Pobreza, Educación y Capacitación de la Mujer y la Mujer y la Economía.

En algunos países los planes nacionales creados durante las discusiones anteriores a Beijing o que dan seguimiento a los acuerdos, plantean el tema de la tierra en sus prioridades de acción. Conocemos el Foro Mujer y Desarrollo en Panamá, el Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 1996-1998 para Costa Rica, la Política Nacional de la Mujer en El Salvador y los Acuerdos de Paz en Guatemala.

Los alcances de las políticas y el grado de cumplimiento de estos acuerdos varía entre los países, sin embargo sabemos que en todos los casos el mayor reto es integrar transversalmente las propuestas en las políticas públicas.

También en Nicaragua conocemos de la Agenda Mínima de las Mujeres cuyos contenidos incluyen el tema del acceso de las mujeres a la tierra, así como la ejecución de programas gubernamentales para integrar la perspectiva de género en los procesos de titulación de las tierras objeto de la Reforma Agraria.

Por su parte, la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) realizó recientemente una investigación para identificar los problemas que enfrentan los proyectos de desarrollo rural financiados por la cooperación holandesa, para incorporar la perspectiva de género. El análisis de cuarenta y dos proyectos de desarrollo rural (cuyos ejes fundamentales son la producción y el manejo de recursos naturales) en Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala , dirigidos casi en un 80% a población campesina, reveló que más de la mitad de los proyectos no ha recibido capacitación en género. De estos solamente 11 proyectos han recibido este tipo de capacitación como parte de un proceso mayor de desarrollo. Este factor es sintomático de la incapacidad de los proyectos de prestar servicios a su clientela femenina, a partir de una caracterización y valorización de los roles que las mujeres desempañan en el medio rural.

En lo que nos concierne, este panorama no es muy alagador. Tanto a nivel de políticas públicas como a nivel de los proyectos de desarrollo rural, donde participan tanto organizaciones gubernamentales como organizaciones no gubernamentales, encontramos dificultades para atender la demanda de las mujeres rurales.

Las mujeres centroamericanas han jugado un papel fundamental a favor de las reivindicaciones sociales en la región. En los diferentes momentos en que se han dado las luchas campesinas por la tierra y la autonomía, las mujeres han tenido una presencia sistemática, asumiendo el liderazgo o acompañando en forma invisibilizada los procesos de organización de los grupos, de enfrentamiento y/o negociación con el Estado (Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 1992, CEFEMINA, 1992).

Sin embargo, la organización de las mujeres rurales está, en términos generales, en proceso de formación. En Centroamérica se pueden observar tres momentos comunes en relación con su evolución:

Un primer momento donde la labor y la participación de la mujer es invisibilizada a pesar de que ha sido fundamental para acceder a la tierra y mejorar las condiciones de vida.

Un segundo momento que se caracteriza por la apertura de espacios reducidos para que la mujer participe en las organizaciones, principalmente en las mixtas (cooperativas y asociaciones), pero no han contado con acceso a toma de decisiones.

En la última década se han desarrollado muchas organizaciones de mujeres, dedicadas a buscar mejores condiciones de vida. En la mayoría de los casos, con notables excepciones claro está, se trata de grupos informales reunidos en torno a necesidades prácticas de género y sin una demanda clara en relación con el acceso a los recursos productivos. La influencia de los hombres- ya sean esposos, compañeros, hermanos, hijos etc.- y de las organizaciones mixtas es notable, al punto que muchas de las organizaciones de mujeres nacieron a la sombra de las primeras y reproducen sus contradicciones y luchas de poder.

En la etapa actual, de manera progresiva han surgido grupos con agendas propias, diseñadas según sus necesidades- ya que también existe la tendencia a replicar modelos y agendas "urbanos" - y que se acercan cada vez más a satisfacer necesidades estratégicas de género.

El nivel de desarrollo alcanzado por las organizaciones de mujeres rurales varía de país en país y también se puede observar que la evolución no ha sido lineal ni es absoluta. Los momentos que se describen se traslapan y coexisten en el marco de la gran diversidad que distingue al medio rural.

A pesar de la heterogeneidad de las organizaciones de mujeres rurales, su visibilización y fortalecimiento es clave para que, a través de estas, se tienda un puente entre la oferta de servcicios en el sector agropecuario y de recursos naturales y las demandas y necesidades de las mujeres rurales. En lo que se refiere al tema de tierra en particuplar, se cree que la única posibilidad de que las mujeres sean demandantes de tierra en el contexto de un mercado de tierras es con el apoyo de sus organizaciones. Previo a eso se deben crear las condiciones para un diálogo centroamericano donde se puedan analizar ampliamente las tendencias actuales en relación con la tierra y donde las representantes de las organizaciones tengan la oportunidad de presentar una visión de estos planteamientos desde las mujeres rurales.

1. Sobre la Reforma Agraria en Centraomérica: Barahona Riera, Francisco, Reforma Agraria y Poder Político: El Caso de Costa Rica. Transformación estructural, Editorial Univesridad de Costa Rica, 1980; FAO, Conferencia Mundial sobre reforma agraria y desarrollo rural:Diez años de seguimiento, Roma 1989;
FAO, Centraomérica y los Problemas de Desarrollo en el Campo, Chile, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 1990; Montoya, Aquiles, El Agro Salvadoreño antes y después de la Reforma Agraria, Cuadernos de Investigación, Año II, Junio de 1991, centro de Investigaciones Tecnológicas y Científicas, Dirección de Investigaciones Económicas y Sociales; Rubén, Raúl y otro, La compra-venta de tierras de la Reforma Agraria, Editorial Guaymurás, Honduras; 1993 UNICAMP, Mercado y Política de Tierras, Bastiaan P. Reydon y Pedro Ramos, org.- Campinas, Sao Paulo, Brasil, 1996.
2. A manera de ejemplo, una lectura de la Ley de Tierras y Colonización de Costa Rica pone en evidencia el sesgo de género en nuestros legisladores:
Artículo 3 "...la tierra ha de constituir para el hombre que la trabaja, la garantía de su bienestar económico, de su libertad y de su dignidad y, por lo tanto, base de bienestar, de la libertad y dignidad de la Nación.
Artículo 62 "Toda solicitud para la adquisición de parcelas deberá contener, como mínimo los siguientes datos:
a) Nombre, apellidos y calidades y vecindario del solicitante, así como las obligaciones crediticias a su cargo;
b) Nombre, apellidos y calidades de los hijos que convivan con él;
c) Capacidad técnica y experiencia en trabajos agrarios del solicitante y de los hijos que convivan con él; actividades a que se han dedicado y resultados obtenidos en ellas.
El solicitante debe comprometerse a trabajar la parcela personalmente y con sus descendientes, hasta el segundo grado de consanguinidad, y que convivan con él, siempre que estén en condiciones físicas de hacerlo.
Debe declarar bajo fe del juramento, que carece de tierras o son insuficientes las que posea.
El artículo 63 establece los criterios para la selección de los beneficiarios entre los aspirantes. Se establece la siguiente prelación: los arrendatarios, aparceros, colonos y ocupantes que estén cultivando las tierras objeto de la adjudicación, así como los obreros agrícolas (jornaleros) de las mimas; los campesinos residentes en la región en donde estén ubicadas las tierras objeto de distribución y que carezca de ellas o que cultiven un área que no constituya una unidad económica de explotación familiar; los campesinos de otras regiones; cualquier otra persona que formulare la correspondiente solicitud, prefiriéndose a aquella que demostrare tener experiencia o conocimiento en materia agrícola. Continúa diciendo el artículo "se preferirá a los padres de familia que tenga más de un hijo o más personas a su cargo".
También tendrán prelación especial, dentro de la clasificación anterior, todos los grupos de agricultores que se organicen en cooperativas.
Finalmente, el artículo 68 inciso 4b), no deja duda alguna de que el articulado no es neutro en relación con quien es el verdadero beneficiario de la asignación de tierras al establecer que en caso de abandono injustificado de la parcela o la familia, el Instituto adjudicará la parcela a la esposa, a la o las personas que hayan convivido permanentemente con el parcelero y que demuestren mayor capacidad, siempre que reúnan las condiciones estipuladas en el artículo 62. Ley de Tierras y Colonización y sus reformas, El subrayado es nuestro.
3. Para 1992 el porcentaje de mujeres jefas de hogaren Costa Rica era de un 20% (CMF:1994), en Guatemala para 1988 se calcula que el 46.6% de los hogares se organizan alrededor de una figura femenina-maternal, ...que difiere mucho del <modelo de hogar nuclear que se supone que ha sido históricamente configurado> (Fundación Arias-Tierra Viva:1993), en Honduras para 1995 el 21.7 % de los hogares eran jefeados por mujeres (Fundación Arias,1995) y en Panamá el 22.2% (Fundación Arias CEASPA:1995)
4. Por falta de información sistematizada no fue posible conocer el número de organizaciones de mujeres que han sido beneficiarias de los programas de asignación de tierras.
5. En Ecuador el Fondo Ecuatoriano Popularum Progressio (FEPP) realizó una operación de conversión de deuda externa que permitió hacer dos fondos rotativos de crédito para la compra. legalización y financiamiento de inversiones productivas en las tierras adquiridas (ALOP, 1995:110)
6. La compra de tierra con fines de conservación adquiere importancia y constituye uno de los factores que puede ejercer presión sobre la tierra que fue objeto de Reforma Agraria.
7. La mayoría desarrolla acciones ligadas al crédito, comercialización y fortalecimiento empresarial; forestería, sistemas de producción campesina, conservación de suelos, manejo de cuencas, agricultura orgánica, manejo de vida silvestre, construcción de infraestructura, organización comunal y municipal, legalización de tierras, promoción y atención de la salud, rescate cultural, derechos humano y reproductivos, desarrollo de metodologías y docencia (Aguilar y otras, UICN:1997).
8. La movilización de las mujeres urbanas de sectores populares ha tenido en algunos casos importantes efectos sobre la distribución de los recursos. En Costa Rica, el derecho de las mujeres a ser copropietarias de tierras asignadas a través de programas de desarrollo social, se plasmó en la práctica gracias a la campaña de la Ley de Igualdad Real de la Mujer, que recogió las exigencias por vivienda digna que las mujeres planteaban desde 1980 a través de los Comités de Vivienda. La exigibilidad de incluir el artículo 7 de la Ley respondía no solo al reconocimiento de la gestión de las mujeres en lucha por la vivienda sino también al hecho de que las mujeres y las niñas y niños en situaciones de desacuerdo con la pareja se veían obligados a abandonar la casa adquirida para la familia. Al inscribirse la vivienda familiar a nombre del hombre, su enajenación, gravamen o traspaso dependía de la voluntad del propietario, la cual frecuentemente se separa de las necesidades del núcleo familiar. Otra circunstancia observada en forma recurrente es el incumplimiento de los deberes económicos del marido o compañero que lleva a la mujer a asumir los pagos y salvar la casa de remate aún cuando esta no se encuentra a su nombre.
También el artículo 7 de la Ley de Igualdad Real, defendió el derecho de las mujeres en uniones de hecho, las cuales en aquel momento no estaban amparadas a ninguna legislación que garantizara los derechos patrimoniales de la mujer dentro de la familia.