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VI. Análisis General
1. Apreciaciones sobre la legislación vigente
En Costa Rica, la legislación relacionada con las organizaciones sin fines de lucro es relevante pero insuficiente, ya que se debate constantemente sobre las formas en que este sector se manifiesta y la incapacidad estatal de regular sus fines y en algunos casos la compleja situación al momento de dar seguimiento a los recursos públicos aportados a estas organizaciones. De ahí, que algunos sectores abogan por el establecimiento de una ley marco del sector, ante la proliferación de proyectos que tienden a legislar actividades específicas relacionadas con los fines que deben perseguir estas organizaciones, lo cual dificulta aún más una definición más clara del rol que cumplen y los mecanismos para su ejecución.
Los esfuerzos evidentes en la Ley de la Contraloría y la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, entre otras, revelan el interés del Estado por dar una mejor regulación a la fiscalización y control sobre estas organizaciones. Sin embargo, ante el acelerado crecimiento del sector es obvio que se requiere de urgentes reformas para evitar una legislación aislada y la duplicidad o ausencia de definición sobre sus funciones y actividades, para garantizar el logro de sus cometidos, su mejoramiento y su subsistencia. Esta es la mejor forma de fomentar el papel activo de estas organizaciones en los procesos de reforma del Estado con una mayor presencia de la sociedad civil y la participación ciudadana.
En el punto del manejo de recursos públicos es necesario que se dé un proceso de concertación para no inclinar la balanza únicamente hacia la vigilancia estatal, en especial limitándose al uso de recursos públicos, sino que debe involucrarse ampliamente el sector para lograr determinar sus prioridades y demandas necesarias para su correcto y adecuado funcionamiento.
Por ello, consideramos que la idea de una ley marco organizacional y funcional del sector es la tesis más fuerte para mejorar su capacidad y garantizar su presencia en el desarrollo del país, evitando reconocerlas por el sólo hecho de tener capacidad jurídica, como si fuera un requisito suficiente para su funcionamiento y ejecución de objetivos en la práctica, más bien debe dirigirse el llamado hacia una ampliación de su participación activa en una forma más operativa e integral.
2. Proyectos de ley en corriente legislativa
En la Asamblea Legislativa, se encuentran una serie de importantes iniciativas tendientes a mejorar la regulación del sector. Los proyectos son de diversa índole, que podemos presentar en dos grupos:
- Proyectos que se refieren estrictamente a propuestas de reformas a la Ley de Asociaciones y a la Ley de Fudaciones;
- Proyectos que versan sobre temas relacionados con la descentralización dando una mayor participación a la sociedad civil partiendo de su capacidad organizativa y rescatando algunas instancias existentes para que cumplan un papel activo en el desarrollo de las comunidades y la atención de sus prioridades.
2.1 Proyectos relevantes sobre Asociaciones y Fundaciones
a) Proyectos sobre Asociaciones
La consulta se realizó en el Departamento de Archivo de la Asamblea Legislativa, notándose una considerable lista de proyectos referentes a las asociaciones, que son para traspasar bienes inmuebles del Estado a favor de alguna asociación, los cuales requieren de aprobación legislativa. En cuanto a la Ley de Asociaciones, hay una iniciativa recientemente presentada, y otra que se encuentra archivada:
1- Expediente número 12806:
Proyecto de ley de reforma a la Ley de Asociaciones. Publicado en la Gaceta No. 23 del 3 de febrero de 1.997. Este proyecto fue presentado por el diputado Luis Gerardo Villanueva Badilla. Se encuentra en conocimiento de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
2- Expediente número 11341.
Proyecto de reforma a la Ley de Asociaciones publicado en la Gaceta No. 186 del 1 de octubre de 1.991. No se dictaminó por comisión, su término de tramitación venció, y se procedió a archivar con el número de archivo 8488.
3- Expediente número 13049.
Este proyecto es para la Creación de las Asociaciones Políticas Cantonales. Publicado en la Gaceta No.4 del 7 de enero de 1.998. Presentado por el diputado Constantino Urcuyo Fournier. Asignado a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Si bien es cierto, no se trata de un proyecto relacionado con la Ley de Asociaciones, si es importante mencionarlo ya que pretende dar una participación política directa a los ciudadanos en la elección de algunos puestos políticos.
b) Proyectos sobre Fundaciones:
Expediente número 11746:
Publicado en la Gaceta No. 152 del 11 de agosto de 1.993, el cual no se dictaminó y se archivó bajo el número 8721.
c) Proyecto de Ley General de las ONG:
En nuestro tema, encontramos una importante iniciativa para regular el sector de las OSFL. Nos referimos al expediente número 12893, que es el proyecto de Ley General de las ONG, OPD Y OSFL, publicado en la Gaceta No. 127 del 27 de junio de 1.997. Se trata de una iniciativa del diputado Bernardo Benavides Benavides, que estuvo en la Comisión de Asuntos Sociales y posteriormente se trasladó a la Comisión de Asuntos Jurídicos. El plazo para su dictamen venció el 17 de noviembre de 1.997, y el Presidente de la Comisión solicitó una prórroga de 90 días para rendir dictamen. Sin embargo, el proyecto no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo.
2.2 Proyectos relacionados con descentralización
a) En Comisión Legislativa.
1- Expediente número 12.453. Otorgamiento y distribución de partidas específicas y el fortalecimiento municipal. Comisión permanente de Asuntos Hacendarios.
2- Expediente número 12.253. Ley para canalizar las partidas específicas, transferencias o subvenciones por medio de las municipalidades. Comisión permanente de Asuntos Hacendarios.
3- Expediente número 12.519. Ley orgánica para la descentralización territorial, creación de las entidades provinciales, regionales y normas para el traslado de competencias nacionales a las municipalidades. Comisión especial de Descentralización del Estado.
4- Expediente número 12.676. Descentralización político-administrativa de los hospitales de la CCSS. Comisión permanente de Asuntos Sociales.
5- Expediente número 12.075. Creación de un impuesto al ruedo a favor de las municipalidades del país. Comisión especial de Descentralización del Estado.
6- Expediente número 12.426. Modificación al Código Municipal. Comisión especial de Descentralización del Estado.
7- Expediente número 12.433. Reforma al título VII del Código Municipal: Consejos de Distrito. Comisión especial.
8- Expediente número 12.577. Derogatoria de los artículos 47 y siguientes de la Ley de Ordenanzas Municipales. Comisión especial.
9- Expediente número 12.717. Modificación al artículo 88 del Código Municipal. Comisión especial.
b) Proyectos en Plenario
Reformas Constitucionales:
1- Expediente número 12.292. Reforma al artículo 123 de la Constitución Política. (Autonomía municipal).
2- Expediente número 12.932. Reforma del artículo 177 de la Constitución Política, Fortalecimiento y Apoyo a las Comunidades.
3- Expediente número 12.038. Reforma a los artículos 169, 176,178 y 179 de la Constitución Política ( Transferencia de recursos a través de las Municipalidades).
4- Expediente número 12.737. Reforma a los artículos 169 y 171 de la Constitución Política. (Alcalde Municipal).
2.3 Otros Proyectos
5- Expediente número 12.712. Reforma al Código Municipal y Electoral.
6- Expediente número12.733. Control de Aprobación, Asignación y Utilización de las Partidas Específicas con cargo al Presupuesto Nacional.
7- Expediente número 12.784. Ley de Creación de los Comités Comunales.
8- Expediente número 12.503. Disolución y Liquidación del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.
9- Expediente número 12.481. Ley de Reforma a la Ley No. 3859 del 7 de abril de 1.967 y sus reformas, sobre el Desarrollo de la Comunidad.
3. Borrador de proyecto de Ley de Participación Ciudadana
La Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, ha facilitado desde hace algunos años una serie de consultas y discusión que han derivado en la elaboración de la propuesta de Ley de Participación Ciudadana, en alianza con la Asociación Justicia para la Naturaleza.
La propuesta, que está en proceso de consulta amplia a la sociedad civil costarricense, pretende establecer mecanismos concretos para la participación ciudadana, la legitimación de esta participación, el establecimiento claro de derechos y deberes para las organizaciones civiles y la fiscalización de la actividad pública y privada que incida en el bien común.
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