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III. Control y supervisión estatal
No existen leyes específicas para regular el control del Estado sobre los recursos de las OSFLs. Ellas tienen libre acceso a fondos de cualquier fuente legal, fuera o dentro del país. Los únicos controles son aquellos que forman parte de las leyes generales del país (tales como leyes de control de divisas que requieren declarar las divisas recibidas) o las leyes generales que regulan a las compañías.
La sección 108 de la Ley de Compañías establece que la Corte Suprema puede nombrar uno o más inspectores competentes para investigar las actividades de cualquier compañía y someter un informe sobre los asuntos que la Corte ordene. En el caso de una compañía sin capital social en acciones, si así lo solicitan a la Corte no menos de una quinta parte del número de personas en el registro de miembros de la compañía, esta puede nombrar a tales inspectores con poderes para inspeccionar los libros, indagar a los funcionarios y agentes bajo juramento, y entonces presentar un informe a la Corte.
La sección 111 requiere que cada compañía nombre a un auditor en cada reunión general anual para llevar a cabo su oficio hasta la próxima reunión general anual. Si no lo hace, la corte, si así es solicitado por cualquier miembro, puede nombrar a tales auditores. Los auditores tienen derecho a tener acceso a todos los libros de la compañía y a demandar de los oficiales de la compañía la información que estimen necesario.
El Estado no ejerce directamente ningún control sobre las actividades de las ONGs, aunque si adopta una postura de hostilidad hacia alguna ONG en particular, esto puede hacer su trabajo mas difícil.
En los primeros años después de la independencia varias ONGs se establecieron y algunas ya existentes comenzaron a operar de una forma distinta. Esto se explica, por un lado, por las necesidades sentidas por ciertos sectores de la población que estas agencias tratan de resolver, y por otro lado por las nuevas oportunidades de financiamiento que surgieron después de la independencia.
En el momento de la independencia de Belice en 1981, un partido político, el Partido Unido del Pueblo (PUP), había ganado todas las elecciones previas. En 1984 el PUP perdió las elecciones, y cuando el UDP (Partido Unido Democrático) tomó las riendas del poder después de estar fuera del juego político por décadas, sintió la necesidad de hacer valer su poder. Al mismo tiempo las nuevas ONGs también tenían la necesidad de afirmarse, así que era de esperarse un sentimiento de desconfianza y hasta de hostilidad de parte del gobierno.
Este sentimiento fue especialmente evidente en torno a la Society for the Promotion of Education and Research (SPEAR), la cual era la más beligerante en los asuntos de derechos humanos y de las problemáticas de política pública en general. El hecho de que las ONGs estuvieran demandando el derecho de pronunciarse políticamente fue algo novedoso, y el nuevo gobierno lo vio como un fenómeno que hacía al partido en el gobierno el blanco de la crítica. El gobierno había creado un "Servicio de Inteligencia de Seguridad" bastante influido por las ideologías norteamericanas de la guerra fría y de la "seguridad nacional", y marcó a SPEAR y a otras ONGs para la vigilancia y el hostigamiento. Estas ONGs, a su vez, insistían mucho en su posición no partidaria, y en dirigirse especialmente a los problemas estructurales y endémicos, los cuales, según estas ONGs, no eran la responsabilidad de ningún partido político en particular. Aún así, fue muy difícil ganar la aceptación o tolerancia, para no decir la cooperación, del gobierno durante este período.
En 1989 cuando el PUP una vez mas estuvo en el gobierno, la situación cambió dramáticamente.
El gobierno convenció al ACNUR para que contratara a SPEAR para llevar a cabo trabajo educacional con los refugiados, y también utilizó los servicios y estimuló la participación de otras ONGs con el trabajo dirigido a los inmigrantes, especialmente a las agencias BEST y Ayuda para el Progreso, y comenzó a nombrar a los miembros de varias ONGs en consejos de administración gubernamentales sobre asuntos sociales y económicos. Esto estableció un modelo que seguiría el gobierno subsiguiente.
El trabajo hecho por varias ONGs durante este período fue generalmente considerado como útil y responsable, y esto fue importante para establecer la norma de que las ONGs eran no solamente portadores claves de servicios a la comunidad, sino también que la colaboración con el gobierno era posible y productivo.
En 1990, por ejemplo, SPEAR organizó un simposio nacional sobre la educación que tuvo el apoyo pleno del gobierno. Dos años mas tarde SPEAR organizó otro simposio, éste sobre la problemática de los refugiados e inmigrantes, que también tuvo el apoyo del gobierno, y que por primera vez permitió a los refugiados e inmigrantes expresar sus preocupaciones en un foro semejante. En noviembre del 1994, se firmó un acuerdo entre SPEAR y PNUD/PRODERE en nombre del Ministerio de Desarrollo Económico para que SPEAR organice y facilite un taller para ONGs sobre el plan de desarrollo nacional.
Uno de los temas tratados en ese taller fue las relaciones entre el gobierno y las ONGs. Se notó que el papel cambiante del Estado y la reducción de los programas sociales del gobierno significaba que la sociedad civil tenía que tener más poder sobre su propio destino, y que las ONGs como organizaciones intermediarias debían ser consultadas y sus funciones como agencias del desarrollo reconocidas. Debe haber una relación cercana y colaborativa entre el gobierno y las ONGs, pero no una relación de dependencia. Las ONGs necesitan ejercer una función de crítica constructiva hacia las políticas y prácticas del gobierno, y el gobierno debe estimular la capacidad de las ONGs para criticar sus políticas, ya que esto ayudaría a reconocer y corregir errores. Las ONGs, por otro lado, tienen el deber de desenmascarar la hipocresía y las incongruencias entre la política declarada y la práctica, y tratar de corregirlas.
Las ONGs no deben considerarse simplemente como buenos instrumentos de las políticas sino también como agentes vitales en la definición de las políticas con participación plena en la planificación de éstas. Las ONGs reconocieron que sus demandas para declararse sobre las problemáticas nacionales y para participar en la toma de decisiones a nivel nacional tienen que ser balanceadas por una aceptación de la regulación, particularmente en lo que se refiere a la transparencia y a la responsabilidad. Aceptaron la necesidad de leyes que regulen el registro y reconocimiento de las ONGs y acordaron tomar la iniciativa en proponer una ley con esos propósitos a los legisladores. Las ONGs también admitieron sus defectos y particularmente la necesidad de preparase mejor para aprovechar las oportunidades ofrecidas por el gobierno y por otras agencias. Reconocieron que una mayor colaboración entre ellos mismos ayudaría este esfuerzo, y acordaron la necesidad de hacer sus redes mas efectivas.
En cuanto a otros tipos de control político, el asunto es a menudo muy sutil. Hasta hace muy poco, la cultura política determinaba que solo los partidos políticos tenían el derecho de declarar y abogar por opiniones políticas, a pesar de que la constitución declara que los partidos políticos son solamente una forma de asociación política: el citado artículo 13 se refiere al derecho de "formar o pertenecer a los partidos políticos o a otras asociaciones políticas" (énfasis añadido).
Parte del problema es que el entorno político está tan polarizado que siempre que una organización toma una posición política la primera pregunta que hace la gente es: ¿cuál partido político representa? De todas maneras, las actividades de las ONGs con orientación hacia el desarrollo tienen una duración de escasamente una década, y tomando en cuenta que tradicionalmente no ha habido un fuerte sector popular en Belice, los avances han sido verdaderamente considerables. Comenzando desde un punto en el cual los gobiernos y la sociedad en general no concebía, y menos aceptaba, que entidades no partidistas demandaran una voz política, un espacio reconocido ha sido creado, y depende de las organizaciones de la sociedad civil hasta qué punto lo van a aprovechar.
La contribución mas grande de estas ONGs ha sido que ahora el gobierno sí reconoce que no solo tiene que tomar en cuenta al sector público y al sector privado, sino que también al sector comunitario o sea a la sociedad civil. Esto, por supuesto, se ha beneficiado del hecho que las agencias internacionales son más sensibles a las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, y que no solo han establecido mecanismos para proveerlas de un foro, sino que también insisten en que los gobiernos tomen en cuenta sus puntos de vista .
Aunque los gobiernos están mas abiertos a tales consultas, que las ONGs realmente afecten las políticas y causen cambios en las leyes y prácticas sociales y económicos, o en el comportamiento político, es "harina de otro costal". Todavía existe mucho temor a la reacción del gobierno de parte de muchas ONGs, lo cual les impide tomar acciones más firmes en contra de las prácticas y políticas del gobierno. En algunos casos, esta actitud es también atribuible al prejuicio partidario de parte de las propias ONGs.
Sin embargo, hay una nueva confianza con la cual estas organizaciones articulan su derecho a contribuir efectivamente a las políticas públicas, superando así, hasta cierto punto, la actitud general que solo los partidos políticos tienen el derecho a tener una opinión e influenciar las políticas. Los gobiernos no han cerrado los oídos a estas demandas.
Existe alguna aceptación de parte del gobierno del principio que la sociedad civil tiene el derecho de investigar al gobierno aún sobre los asuntos mas sensibles, el derecho a demandar la revelación completa y la cooperación del gobierno, y el derecho a hacer públicas sus conclusiones. Esta es una ganancia importante, pero como es el caso con todos los avances de este tipo, tiene que ser usado constructivamente y efectivamente en el futuro; como tantas cosas que tienen que ver con la construcción de una práctica democrática, "si no se usa se pierde". En este proceso, las ONGs tiene que tener mucho cuidado de no ser, o parecer ser, partidaria de uno u otro partido político, pues eso seguramente daría un golpe fatal a la credibilidad de su obra y haría inútiles los esfuerzos.
Tampoco hay razón para sentirse seguros, ni siquiera de asuntos básicos como es la cuestión del derecho de las organizaciones de la sociedad civil a tener una voz en la política. En febrero de 1998, por ejemplo, después de que las organizaciones de la sociedad civil habían elaborado y lanzado un Manifiesto del Pueblo, pronunciándose sobre las políticas que esperaban de los partidos políticos en las elecciones venideras, el jefe de gabinete irrumpió en las oficinas de SPEAR y declaró que esas organizaciones no tenían derecho alguno para emitir tal manifiesto, ya que no eran partidos políticos.
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